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El sector privado sufre los desmanes de la clase política y la deriva populista e irresponsable de PSOE y PP. Por ello, un centenar de grandes empresarios ha entregado un informe al Rey en el que reclaman un nuevo sistema electoral y un modelo de Estado que garantice la democracia.
LORENZO RAMÍREZ
Los primeros espadas de las multinacionales españolas han decidido dejar de asistir impávidos a la destrucción institucional y económica de España que ha sido provocada por la falta de responsabilidad y las ansias de poder de los líderes de los partidos políticos, que se han olvidado de que su labor es representar y defender los intereses de los ciudadanos y garantizar la existencia de un Estado de Derecho que sirva de base para nuestra joven democracia.
Un centenar de grandes empresarios, expertos económicos y emprendedores han preparado un documento en el que se plasman estas preocupaciones y se lo han entregado al Rey Juan Carlos I en audiencia privada, para que conozca de primera mano cual es la delicada situación a la que se enfrenta España y la debacle que se va a producir si no se toman las riendas a tiempo.
El texto, elaborado bajo el paraguas de la Fundación Everis –que preside el ex ministro de Defensa Eduardo Serra–, tiene un capítulo dedicado a las "reflexiones acerca del Modelo de Estado de España", en el que se pone de manifiesto la necesidad de "cambiar el sistema electoral para ajustarlo a las nuevas necesidades del país", critica la visión "cortoplacista" y la "falta de preparación" de los políticos, que degeneran en "luchas partidistas" que "erosionan la confianza de los ciudadanos" y ataca el "oportunismo e ineficiencia" de los responsables autonómicos.
Aunque no especifica hacia donde debe ir el cambio en el sistema electoral, el documento señala que es necesario superar la "democracia de incubadora" de la Transición y replantear los "poderes estabilizadores y de control" que se dieron a los partidos políticos, debido a que ahora "generan efectos divisores e inestables que, en una democracia ya asentada como la española, pueden requerir de una revisión".
Por ello, los grandes empresarios reclaman "una reflexión sin complejos, para definir en el contexto actualizado y de mayor madurez del país, el mejor sistema electoral que necesita hoy y mañana España, a la luz del conocimiento y de las lecciones aprendidas a lo largo de la etapa de democracia". A este respecto, el texto pide "modelos que permitan recuperar la representatividad social de los políticos y el acercamiento a los votantes".
Además, el informe pone en tela de juicio la labor de los sindicatos y la patronal por "no haber sido capaces de adaptarse a los cambios surgidos" en la sociedad y exige "revisar los mecanismos de financiación" de estos "agentes sociales".
Por último, el documento también incide en la necesidad de recuperar en la sociedad la percepción clara de que existe una plena separación de poderes, entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial:
En paralelo con la situación ya comentada relativa a la revisión del sistema Electoral, se considera que otro efecto que ha surgido como resultado de otorgar poderes estabilizadores y de control a los Partidos para superar el periodo de la Transición, ha sido la paulatina pérdida, o sensación de pérdida, en la Sociedad de la separación de Poderes del Estado.
Este informe se ha presentado justo después de la reunión del G-20 en Seúl, donde un nutrido grupo de representantes de las principales empresas españolas acudieron con el presidente del Gobierno para arroparle en el difícil trance de defender la solvencia de España en el exterior. No todos fueron de buena gana y algunos aprovecharon para criticar a Zapatero por su errática política económica, especialmente en materia energética.
Además, el pasado miércoles, en el Foro Latibex los primeros ejecutivos del Santander, BBVA, Telefónica, Gas Natural y Endesa admitieron que España es un lastre para sus negocios y que el peso del mercado doméstico sólo resulta llevadero gracias a la apuesta diversificadora realizada en Latinoamérica.
Mucho más explicito ha sido el economista y presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, que en su último libro (El Desmoronamiento de España) dedica un capítulo a denunciar la existencia de una "partitocracia" que se aprovecha de la Ley Electoral y de las lagunas de la Constitución para controlar el poder judicial. Todo con el único objetivo de mantenerse en el poder cueste lo que cueste:
La Constitución, en definitiva, permitió la transición a la democracia y el reconocimiento de las libertades fundamentales de los españoles, pero no consagró ni la separación estricta de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ni la independencia de éste. Al cabo de más de treinta años, podemos afirmar que una Constitución de consenso ha resultado tan insegura como otra que podría haber sido de ruptura con el pasado. (...
