http://www.lasprovincias.es/v/20100309/marina/anula-ponencia-valores-catastrazo-20100309.html
El TSJ anula la ponencia de valores del «catastrazo» que recurrió Pego
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha anulado la ponencia de valores que la dirección provincial del Catastro aprobó hace tres años para el municipio y que el Ayuntamiento recurrió al considerar que estaba basada en estudios de mercado erróneos y que sobrevaloraba hasta en un 330% los solares de determinadas zonas.
El fallo del tribunal autonómico, que afecta tanto las valoraciones catastrales como a la propia ponencia en general, es firme y no cabe recurso por lo que el Ayuntamiento pegolino iniciará ahora las pertinentes negociaciones con la dirección territorial del Catastro para analizar cómo se reembolsará a los vecinos «el dinero que han pagado de más».
En su momento, y dado que la Administración municipal había recurrido lo que calificó de «catastrazo», se solicitó a Hacienda que congelaran los recibos de los impuestos basados en los valores catastrales. No obstante, la dirección del Catastro lo cobró y ahora deberá reembolsarlo, aunque las autoridades locales no saben todavía de qué manera.
La defensa de los intereses municipales, a cargo del abogado Juan Martín Queralt y en la que han participado numerosos técnicos del Consistorio con sus informes, ha demostrado ante el Tribunal Superior de Justicia que las valoraciones de muchos solares «estaban mal hechas» y que se aplicaban unos valores «excesivos».
El 30 de octubre del 2007, el Ayuntamiento de Pego, en pleno extraordinario, validó la ponencia de valores catastrales para los bienes urbanos. Era la fecha tope para que entrara en vigor en 2008 y completaba un proceso que se inició en 2003 «para ajustar a la realidad la tasación de sectores que se han desarrollado en los últimos años como Calvari I y II, Verdales, el Clot o Penyarroja que seguían tributando como si se tratase de suelo rústico no urbanizable.
Alegaciones
No pasaron ni dos meses cuando, ante la avalancha de reclamaciones vecinales (alegó nada menos que un tercio del censo), el Consistorio revisó la documentación que, a finales de 2007, le había remitido la oficina del catastro. Ni siquiera coincidían con la realidad las 38 referencias de valores básicos que se enviaron a priori para que el Ayuntamiento comprobara si les parecían correctas.
El Catastro tampoco cumplió lo acordado con los técnicos municipales : que el municipio se dividiría en sectores, teniendo en cuenta el valor concreto y a partir de ahí se aplicarían deducciones. Sin embargo, después se hizo justo lo contrario y el centro urbano de Pego (donde se concentraban las quejas) se consideró polígono único, tasado a 132 euros el metro cuadrado esté en la plaza principal o en una calle degradada.
Desde el primer momento el Ayuntamiento creyó que sus argumentos eran suficientes para «tumbar» la ponencia de valores y ofreció a Hacienda un arreglo por las buenas. Les remitió un dossier con toda la documentación para que comprobaran los errores, puso a su disposición todos los recursos documentales y humanos que necesitaran para investigar lo ocurrido y pidió que se revocara el catastrazo. Sin embargo, y ante la falta de repuesta al final el municipio tuvo que echar mano de la justicia para revocar la ponencia de valores
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